Reestructuración de empresas: Comunicación y dirección de negociaciones con acreedores. Homologación de planes de reestructuración.

Por tanto durante cinco años siguientes a la conclusión, o al auto de conclusión del concurso se procederá a esa liquidación ordenada en la norma para lograr la efectiva exoneración de todas las deudas.

El método era simple, la presentación del plan de pagos, con fechas e importes relacionados con ingresos y utilidades percibidas, daba lugar a la herramienta para la exoneración que además no podía incrementarse en intereses que no se devengarían. 

Y esa propuesta no queda en manos del acreedor afectado, lo que sería contrario a un procedimiento de ejecución universal, sino que es el juez del concurso el que oídas las partes por 10 días decidirá, pues el acreedor, sobre todo si es de derecho público no podrá someter a mecanismos administrativos propios lo que es de un proceso concursal con una concurrencia de todos los acreedores.

Como dice la doctrina del T.S.  “Aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores”

Pues como expresa el T.S. si se mantiene el control y la decisión sobre el crédito de derecho público por el órgano administrativo, y se restringe la finalidad de la norma que es la reinserción del deudor en el mundo del consumo masivo, el crédito universal, y el acceso llano a todos los bienes y servicios, se está volviendo a una doctrina liberal por la que el principio de la responsabilidad por las deudas no podría ser alterada y todos deberían responder con sus bienes presentes y futuros e incluso los herederos del deudor que asumiesen el caudal relicto.

Ese progreso socio económico no procede de una voluntad progresista de nuestro legislador, que se incorpora a la institución de la exoneración de deudas o segunda oportunidad por el mecanismo de progreso por el que se ha incorporado nuestra sociedad a un mundo más abierto que es el de la influencia de las normas de la vieja Europa.

En este caso la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifìca la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).

REQUISITOS, Por tanto, el sistema era simple en cuanto a requisitos, estos son:

El Capítulo ll del Título del TRLC prevé la posibilidad de que el Juez del concurso acuerde la exoneración del pasivo no satisfecho siempre que concurran tres requisitos ineludibles:

a) Que el deudor sea persona natural

b) Que el concurso se concluya por liquidación o por insuficiencia de la masa activa

c) Que el deudor sea de buena fe.

Para considerar al deudor de buena fe ( en el sistema anterior el deudor tenía que demostrar que era de buena fe) han de concurrir los requisitos gue recoge el TRLC. Así, es deudor de buena fe quien cumpla una serie de requisitos:

1º. Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera sido declarado culpable por haber incumplido el deudor el deber de solicitar oportunamente la declaración de concurso, el juez podrá conceder el benefìcio atendiendo a las circunstancías en que se hubiera producido el retraso.

2º. Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los diez años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender la decisión respecto a la exoneración del pasivo insatisfecho hasta que recaiga resolución judicial firme.

Existen más requisitos en el sistema anterior, los cuales varían en función de la vía escogida para la exoneración:

a) Si se opta por el régimen general de exoneración previsto en el Texto Refundido  de la Ley Concursal, la aludida Ley 1/2020 de 5 de mayo, se exige el cumplimiento del siguiente presupuesto objetivo:

– Que se hubieran satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales calificados como privilegiados y, si reuniera los requisitos para poder hacerlo, que el deudor hubiera celebrado o, al menos,

intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores ( el acuerdo extrajudicial fue un fracaso porque carecía de incentivos a los acreedores ante la expectativa de cobros simbólicos que no justificaban la designa de un profesional para su seguimiento y exigibilidad).

– y si el deudor que reuniera los requisitos para poder hacerlo no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, haber satisfecho, además de los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, al menos,

el veinticinco por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

b) Si se opta por el régimen especial de exoneración por la aprobación de un plan de pagos previsto en el TRLC exigía el cumplimiento de un presupuesto objetivo especial. Así, conforme a la norma del TRLC son requisitos propios de la exoneración por la aprobación de un plan de pagos, siguiendo el Real Decreto legislativo 1/2020 de 5 de mayo:

1º. No haber rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

2º. No haber incumplido los deberes de colaboración y de información respecto del juez del concurso y de la administración concursal.

3º. No haber obtenido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho dentro de los diez últimos años.

4º. Que el deudor acepte de forma expresa someterse al plan de pagos que resulte aprobado por el juez y que la

concesión de este beneficio se haga constar en el Registro público concursal durante un plazo de cinco años.

El cumplimiento de los requisitos tenía unos efectos, a saber:

a) Si se cumplen los requisitos previstos en el régimen general la exoneración alcanza a todo el pasivo no satisfecho con la masa activa, al no establecer la LC limitación alguna en cuanto a su alcance.

El articulado del TRLC exceptúa de esta exoneración los créditos de derecho público y por alimentos.

b) Si se cumplen los requisitos previstos en la exoneración tendrá la naturaleza de provisional y alcanza créditos ordinarios y subordinados, aunque no hubiesen sido comunicados salvo los de derecho público y por alimentos, así como a los créditos con privilegio especial en los términos que señala la norma. Las deudas que no queden exoneradas debían ser satisfechas en el plazo de cinco años mediante un plan de pagos aportado por el deudor en los términos del TRLC. Trascurrido el plazo de cinco años el deudor debe pedir al Juez del concurso la declaración de revocación definitiva, así como la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho mediante el plan de pagos siempre que hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco años desde la concesión provisional del beneficio que no tuviesen la consideración de inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las circunstancias previstas en el artículo 3.1,letras a)y b), del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

Por tanto, el cumplimiento del plan de pagos se moderaba siempre bajo criterios de proporcionalidad del obligado al cumplimiento del plan.

ALCANCE DE LA EXONERACIÓN

Y en tales supuestos la exoneración alcanza a la parte insatisfecha de los siguientes créditos:

1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.

2.º Respecto a los créditos con privilegio especial,  la parte de los mismos que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a la de crédito ordinario o subordinado.

3.º. La exoneración supone la extinción de los créditos a los que alcanza la declaración, sin que alcance a los obligados solidarios, fìadores y avalistas del concursado.

4.º En cuanto al crédito público se hace preciso una interpretación con criterios de efectividad de la figura jurídica de la exoneración de deudas. 

En nuestro sistema de derecho civil y dentro del mismo en materia de extensión de la exoneración al crédito público se ha de estar al criterio mantenido por el TS en la sentencia de 2 de julio de 2019 en la que, básicamente se considera que se debe incluir al crédito público en el sistema de exoneración, tanto general como especial (en la terminología del TRLC). Ello supone en este caso la inclusión del crédito público privilegiado y contra la masa en el plan de pagos y la exoneración provisional del restante crédito público.

Nuestros tribunales, con algunas excepciones, han decidido que la entrada en vigor del Texto Refundido de la LC, con la modificación del régimen de extensión de los efectos de la exoneración en el texto legal, no debe suponer una modificación de la anterior doctrina jurisprudencial, al apreciarse que el citado texto legal debe ser inaplicado por vulnerar el art. 82.5 de la Constitución Española.

Esta vulneración se deriva del hecho de que el Texto Refundido introduce una regulación manifiestamente contraria a la norma que es objeto de refundición, en concreto el art. 178 bis 3, 4º lo que supone un exceso ultra vires, es decir un exceso de uso de la prerrogativa legal, un exceso de adaptación o de refundición del Texto Refundido, en la delegación otorgada para proceder a la refundición, pudiendo los tribunales ordinarios, sin necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad (Tal como lo expresa el Tribunal Constitucional y la Sala 1ª del Tribunal Supremo en sus  STC de 28/07/2016 o STS de 29/11/18), inaplicar el precepto que se considere que excede de la materia que es objeto de refundición.

En efecto, el art. 178 bis 3,4º de la LC, regulaba la llamada exoneración directa (ahora llamada régimen general) basada en la satisfacción o pago de los créditos privilegiados y contra la masa y si no se había intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, del 25% de los créditos ordinarios.

Ciertamente, como expone la STS de 2 de julio de 2019, la regulación de la exoneración de deudas del art. 178 bis generaba muchas dudas, algunas de las cuales han sido objeto de aclaración en el Texto Refundido, dentro de las finalidades propias de un texto refundido.

Sin embargo, que el sistema de exoneración directa del art.178 bis 3,4º, tuviera como efecto la exoneración de la totalidad del pasivo no satisfecho, créditos ordinarios y subordinados, sin excepción, y además sin la excepción del crédito público, era una cuestión indubitada por la doctrina e indiscutida en los Juzgados y Tribunales y ahora finalmente confirmada por el Tribunal Supremo con alcance incluso al Real Decreto legislativo 1/2020.

Las resoluciones del Tribunal Supremo dejaban firme el camino en este itinerario anterior.

EL ITINERARIO ACTUAL EL DE LA LEY 16/2022 de 5 de septiembre.

Cuando estaba a punto de entrar en vigor el nuevo TRLC derivado de la Ley 16/2022 de 5 de septiembre de 2022 se aceleraron las presentaciones de concursos consecutivos y concursos de deudores en busca de una exoneración, esa aceleración viene de que el nuevo derecho concursal establece dos categorías especiales de créditos en las exoneraciones, los créditos exonerables y los no exonerables, pero eso será objeto de otro comentario en próximos días.

R S CONCURSALISTAS, S.L.P.

Carlos Rodríguez Conde

Abogado

En estos tiempos es importante priorizar qué deudas se paga primero. Las deudas a menudo crecen a diferentes tasas de interés y tienen diferentes consecuencias para el incumplimiento. Arrojar su efectivo limitado a la deuda equivocada puede ponerlo en una deuda más profunda que cuando comenzó debido a los intereses y costas que pueden acumularse en sus otros préstamos. A continuación, encontrará información para ayudarlo a liquidar sus deudas, las Reglas de Segunda Oportunidad que en Rodriguez Conde seguimos.

Muchos prestatarios europeos se están atrasando en sus pagos hipotecarios, préstamos para automóviles o pagos de servicios públicos. Si no cumple con demasiados de estos pagos, los acreedores pueden ejecutar la hipoteca de su casa, en lugar de continuar el contrato de hipoteca, recuperar sus automóviles o cortar sus servicios o bienes a suministrar.

Sin embargo, la mayoría de estos préstamos tienen tasas de interés más bajas que otros tipos de deuda del consumidor, como las tarjetas de crédito. Esto significa que su carga de deuda en estos préstamos crecerá a una tasa más lenta que la de su deuda de tarjeta de crédito.

Como resultado, muchos abogados de insolvencias como nosotros aconsejan a los prestatarios que hagan los pagos mínimos necesarios para mantener su casa, su automóvil y sus servicios y suministros en funcionamiento mientras trabajan en refinanciar otras deudas. Los prestatarios a menudo pueden negociar con los bancos para elaborar un nuevo calendario de pagos o reducir el monto total del préstamo. Por supuesto, si está al día con estas deudas, o ya ha elaborado un calendario de pagos alternativo, es mejor mantener el ritmo de los pagos pactados. Pero, ¿qué pasa con un prestatario bajo desempleo, o una empresa como prestatario con gastos sobre sus ingresos y sobre su punto de equilibrio, o umbral de rentabilidad?

Acuda al abogado especialista de inmediato.

Empresarios, profesionales o incluso familias que están muy atrasados en sus deudas garantizadas a veces encuentran que los prestamistas optarán por no aplicar sus pagos a su deuda, sino a los intereses y costas de esa deuda. Si cree que esto le está sucediendo, debe hablar con un abogado de inmediato.

También es posible que desee considerar la creación de una cuenta de ahorros separada para mantener sus pagos hasta que esté seguro de que se aplicarán correctamente.

Las empresas podrían tratar de atraer a los consumidores con malos historiales de crédito, prometiendo limpiar sus informes de crédito por una tarifa elevada. La verdad es que, después de pagar cientos (o incluso miles) de euros en tarifas iniciales, estas compañías en la mayoría de los casos no consiguen mejorar el crédito, porque como dice la Dra. Matilde Cuena en su obra LA EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO EN EL CONCURSO DE ACREEDORES DE PERSONA FÍSICA Ed. Aranzadi 2023, «En España se cree que no es preciso abordar una regulación de los ficheros positivos ( de solvencia) porque la CIRBE ya resuelve el problema de la información asimétrica del mercado de crédito«. Y dice la Dra. Cuena: «Nada más lejos de la realidad«.

Peor aún, algunas «organizaciones de reactivación del crédito» simplemente desaparecen con el dinero del cliente confiado en exceso.

Cualquier compañía que diga que puede eliminar su mal crédito o proporcionar informes de crédito positivos instantáneos podría estar entrando en una afirmación sin base. La liquidación de deudas, el asesoramiento crediticio honesto y la reparación de problemas de crédito llevan tiempo, y en la mayoría de los casos deben hacerse bajo las Reglas de Segunda Oportunidad promovidas el 28 de julio de 2015 y otras leyes implementadas hasta ahora como en especial la Ley 16/2022 de 5 de septiembre.

¿Qué son las Asociaciones de Asesores Jurídicos del Consumidor Endeudado?

Asociación de consumidores, también llamada organización de usuarios o grupo de juristas dedicados a la insolvencia, asociación voluntaria de empresas comerciales organizadas sobre una base geográfica para promover y desarrollar asesoramiento en información dentro de su ámbito de operación, en algunos casos para expresar públicamente las opiniones de los miembros sobre asuntos de interés común, para pequeñas empresas o pequeñas actividades para controlar sobre una situación de angustia o una falta de crédito momentánea, y para prevenir la insolvencia. Hay muchas, pero es preciso escoger acertadamente.

Las organizaciones comerciales más antiguas y extendidas en nuestro país vecino son las cámaras de comercio, también conocidas como Tribunal de Commerce, donde su enfoque es el desarrollo de oportunidades comerciales y la mejora de la comunidad de emprendedores, en Francia las cámaras de comercio han servido como agencias de control administrativo oficial de las instituciones comerciales públicas. En 1599 la ciudad de Marsella estableció la primera cámara de comercio y la facultó para enviar cónsules, embajadas y misiones comerciales a ciertos países. Las cámaras francesas modernas han poseído y administrado secciones de bolsas de valores, almacenes aduaneros, salas de ventas públicas, asesoramiento sobre situaciones de angustia o posibles dificultades futuras para una empresa, con el fin de evitar la quiebra, y puertos, muelles, vías navegables interiores e instalaciones de aeródromos de segundo orden.

El sistema español creado para empresas con problemas financieros data del 28 de julio de 2015, y se renueva con la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, también utilizada para consumidores en dificultades y familias con deudas masivas o préstamos personales pesados, propensos a estar bajo reglas de insolvencia. Sistema que se encuentra con una mayoría abrumadora de procedimientos para deudores sin activos, o con masa activa insuficiente, y además hay que tener en cuenta que existen créditos no exonerables y por tanto la labor es compleja, y como dice el magistrado especialista D. José María Fernández Seijo coautor de la obra LA EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO EN EL CONCURSO DE ACREEDORES DE PERSONA FÍSICA Ed Aranzadi 2023, «Para una correcta identificación de los créditos no exonerables será necesario contar con la lista de acreedores definitiva, pero debe tenerse en cuenta que en algunos procedimientos esta lista definitiva no existirá, por cuanto se tratará de concursos sin masa o con masa insuficiente. Parece razonable defender que las incidencias sobre la determinación de los créditos no exonerables y su cuantía habrá de ser resuelta por el juez del concurso.»

Llámenos al 932451980 para concertar visita o envíe un correo-e a c.rodriguez@icab.es

Esa tesis permite a los operadores jurídicos beneficiarse de esa interpretación favorable a los deudores, aunque entre esos casos claros puedan albergarse algunos abusos mediante exoneraciones del pasivo o cancelaciones de deuda que carezcan de la justificación necesaria, pero eso lo corregirán los tribunales sin duda.

En resumen, la conclusión sobre la posibilidad de exonerar pasivo consistente en deuda no exonerable directamente, no sometida a cancelación directa dentro del proceso de exoneración del pasivo insatisfecho, como es la deuda con la AEAT o la TGSS viene siendo acogida de modo mayoritario desde largo tiempo, por ejemplo desde el Acuerdo 8/2021 de 24 de junio del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, Juzgados números 1, 2 y 3, y ha sido adoptado por casi todos los Juzgados de lo Mercantil y está siendo confirmado por la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales de toda España.

El método basado en la nueva Ley Concursal tamizada por la interpretación de nuestros tribunales frente a la labor de los legisladores en los textos refundidos que no pueden comprometer gravemente el resultado perseguido por la Directiva sobre reestructuración e insolvencia.

Y ese método pasa por elaborar un plan de pagos que no sea modificado por el juzgado, ni por la audiencia en sede de apelación, por lo tanto, el método legal existe, solo que requiere una propuesta armonizada con la capacidad económica documentada del deudor, porque en la actualidad nos encontramos con muchos sujetos de exoneración que tienen pluriactividad, o bien están dentro del Sistema General de la S.S. y a la vez en el RETA por otras actividades.

En resumen, se debe atender a las circunstancias del caso y se debe contactar con los acreedores para elaborar un plan de pagos detallado, proporcionado a las actividades, activos y rentas del empresario o exempresario, sujeto del derecho a la exoneración de su pasivo o cancelación de sus deudas.